HABRA UNA GRAN OFERTA DE EMPLEO PUBLICO ANTES DE LAS ELECCCIONES

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El Gobierno trabaja contrarreloj para lanzar una oferta de empleo público que pueda ser aprobada antes de que se celebren las elecciones. Así lo confirmó a ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, durante un desayuno informativo, que habló del «compromiso» que habían adquirido tanto con los sindicatos como con todo el cuerpo de opositores. «No hay que dejar esta oferta por tanto para después de elecciones, porque no solo da seguridad al cuerpo de opositores y sus familias, sino que da garantía de que todos los servicios públicos van a seguir funcionando y teniendo todos los recursos humanos para cubrir esas plazas», aseguró la ministra.

Batet, no obstante, evitó dar cifras por el momento. «No puedo adelantar la cifra porque estamos trabajando en ella, viendo todos los sectores y las necesidades con el objetivo de reforzar especialmente aquellos que tengan poco personal», explicó, al tiempo que precisó que «los sindicatos están ayudando y colaborando estrechamente con el Ministerio para que esta oferta cubra las expectativas y necesidades de los ciudadanos». Esto podría significar que en ningún caso será inferior a la del año pasado, cuando se lanzó una oferta nunca vista en la última década de más de 30.800 plazas públicas (de las cuales casi 2.000 eran nuevos empleos).

A falta de concretar las cifras, desde el Departamento liderado por Batet precisan que la oferta responderá a la tasa de reposición existente en la actualidad, la misma de 2018, puesto que al no haberse aprobado unos nuevos Presupuestos no se puede considerar otra. De esta manera, se cubrirían el 100% de las bajas en los sectores considerados prioritarios (son más de veinte), se llegaría al 115% en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mientras que la tasa se queda en un 75% con carácter general. Además,habrá una bolsa adicional del 5% para determinados sectores de la Administración, con plazas dirigidas principalmente a reforzar la atención de la Seguridad Social, la lucha contra el fraude, instituciones penitenciarias, prestaciones y políticas activas de empleo, emergencias o atención al ciudadano.