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NUEVO ESTATUTO DE LAS VICTIMAS DEL DELITO Y MODIFICACION DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Contenido de actualidad: 

Por la ley 4/2015, de 27 de abril, se ha publicado en el Boletin Oficial del Estado el nuevo Estatuto de las Victimas del Delito. El presente Estatuto de la Víctima del Delito tiene la vocación de ser el catálogo general de los derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos

Se parte de un concepto amplio de víctima, por cualquier delito y cualquiera que sea la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que se le haya irrogado. Comprende a la víctima directa, pero también a víctimas indirectas, como familiares o asimilados.

Por otro lado, la protección y el apoyo a la víctima no es sólo procesal, ni depende de su posición en un proceso, sino que cobra una dimensión extraprocesal. Se funda en un concepto amplio de reconocimiento, protección y apoyo, en aras a la salvaguarda integral de la víctima.

Tambien se ha publicado en el Boletin Oficial del Estado la Ley Organica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La presente Ley tiene por objeto la transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.

LEY 4/2015 DEL ESTATUTO DE VICTIMAS DEL DELITO

LEY ORGANICA 5/2015 QUE REFORMA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

PUBLICADA EN EL BOE LA REFORMA DEL CODIGO PENAL. ENTRADA EN VIGOR EL 1 DE JULIO

Contenido de actualidad: 

 

En el Boletin Oficial del Estado del martes 31 de marzo de 2015 se han publicado la Ley Organica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma de la Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre, del Codigo Penal y la Ley Organica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

El Código Penal es objeto de una completa revisión y actualización. En general, se revisa el régimen de penas y su aplicación, se introducen nuevas figuras delictivas o se adecuan los tipos penales ya existentes, del mismo modo, se suprimen aquellas otras infracciones que, por su escasa gravedad, no merecen reproche penal. Gran parte de la reforma está también orientada a dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España.

LEY ORGANICA 1/2015 DE REFORMA DEL CODIGO PENAL

LEY ORGANICA 2/2015 DE REFORMA DEL CODIGO PENAL EN MATERIA DE TERRORISMO

LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA ENTRARA EN VIGOR EL 1 DE JULIO

Contenido de actualidad: 

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana se ha publicado en el Boletin Oficial del Estado del martes 31 de marzo. Deroga la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, también llamada Ley Corcuera

La Ley se estructura en cinco capítulos divididos en cincuenta y cuatro artículos, siete disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cinco finales

LEY ORGANICA 4/2015 DE SEGURIDAD CIUDADANA

REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Contenido de actualidad: 

  • La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija un plazo máximo de instrucción de seis meses o de dieciocho cuando la investigación sea compleja
  • Regula las medidas de investigación tecnológica que carecían de marco legal al tratarse de una norma de 1882
  • Las sentencias de las Audiencias Provinciales serán revisadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Justicia y las de la Audiencia Nacional, por una Sala de Apelación propia
  • Reforma el recurso de revisión, que será necesario para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenen a España

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con el que se conseguirá agilizar la justicia penal y fortalecer las garantías procesales, así como regular las medidas de investigación tecnológica, que carecían de un marco legal adaptado a la realidad, al tratarse de una norma dictada en 1882.

El texto se remite al borrador de Código Procesal Penal realizado por una comisión de expertos, en el que se proponía un cambio radical del sistema de justicia penal, por lo que su implantación requeriría de un amplio consenso. A la espera de que ese gran acuerdo se alcance, hay ciertas cuestiones que no pueden aguardar a ese momento para ser establecidas, por lo que se han incluido en la reforma hoy examinada por el Consejo de Ministros.

Agilización procesal

Entre las medidas previstas en el Anteproyecto para la agilización de la justicia penal figura la modificación de las reglas de conexidad para evitar el automatismo que se produce actualmente con la acumulación de causas en lo que se conoce como macroprocesos. La regla será que cada delito dará lugar a la formación de una única causa. La acumulación por conexión sólo tendrá sentido si concurren circunstancias tasadas y cuando el conocimiento de los asuntos por separado no resulte más aconsejable.

Los atestados policiales sin autor conocido no supondrán la apertura de diligencias en los Juzgados que actualmente son archivadas inmediatamente, previo visto bueno del fiscal. Para garantizar un adecuado control judicial, serán conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales.

Plazos de instrucción

Se sustituye el inoperante plazo de un mes previsto en la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal para la instrucción de los procedimientos por plazos realistas, a cuyo fin se deberá decidir si se continúa el procedimiento en fase intermedia o se dicta el sobreseimiento libre o provisional. Los asuntos sencillos tendrán un plazo de seis meses, mientras que la instrucción de los complejos será de dieciocho meses prorrogables hasta otro plazo máximo similar.

Se considerarán complejos los que hayan sido cometidos por grupos u organizaciones criminales, tengan por objeto numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad de sujetos pasivos o de víctimas, exijan la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, impliquen realizar actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas privadas o públicas o sean por terrorismo.

Se establece un proceso de aceptación por decreto (monitorio penal), que permitirá que la propuesta sancionadora realizada por el fiscal se convierta en sentencia firme cuando el acusado, asistido por un abogado, acepte la pena fijada. Está previsto para los delitos de escasa gravedad cuya sanción sea multa o pena de prisión sustituible por la primera, como pueden ser los delitos contra la seguridad vial cometidos con embriaguez.

Garantías procesales

Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial establece las correspondientes previsiones para generalizar la segunda instancia judicial en el proceso penal, el Anteproyecto fija que los Tribunales Superiores de Justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y que sea la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional la que se ocupe de las dictadas por este tribunal.

Se establece en el ordenamiento español una vía para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que España resulta condenada a través del recurso de revisión, lo que ha conllevado una modificación de los motivos por los que se puede impugnar una sentencia penal por esta vía excepcional.

Se aprovecha la transposición al ordenamiento español de una Directiva comunitaria de 2013 sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales para realizar una completa regulación del derecho de defensa, no sólo para las personas físicas, sino también para las entidades contra las que puede dirigirse el proceso.

Además, se regula un proceso de decomiso autónomo que permitirá la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado. El objetivo es hacer más eficaz la recuperación de activos derivados de la actividad delictiva y se aplicará en supuestos de comisión reiterada de delitos y se presuma que se han transferido bienes de origen ilícito a terceras personas.

Medidas de investigación

En lo relativo a las medidas de investigación es donde la Ley de Enjuiciamiento Criminal había quedado más desfasada. Los cambios que se han producido en las comunicaciones desde que se promulgó la norma en el siglo XIX se han venido supliendo con la jurisprudencia, pero no podía abandonarse por más tiempo en ella lo que debe ser objeto de regulación legislativa.

De hecho, recientemente, el Tribunal Constitucional ha apuntado el carácter inaplazable de una regulación que aborde intromisiones en la privacidad del sujeto pasivo del proceso penal, a lo que se suma la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha anulado una Directiva sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público.

Por ello, el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se sustituirá por una nueva redacción del Título VIII del Libro II de dicha norma en el que se incluyen las nuevas tecnologías. Se dividirá en cuatro apartados: Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas; Captación y grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante la utilización de dispositivos electrónicos; Utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de imágenes; y Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información.

Intervención o registro de las comunicaciones

La regla general es que para acordar una medida de intervención o registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realice, a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, se requerirá autorización judicial. El juez accederá siguiendo los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

La autorización podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los delitos siguientes: los castigados con pena de al menos tres años de prisión; los cometidos en el seno de un grupo u organización criminal; los de terrorismo y los cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación.

El Anteproyecto establece que, en ningún caso, la captación y grabación de las conversaciones privadas y de la imagen podrán incluir las entrevistas que mantenga la persona investigada, detenida o en prisión con quienes estén legalmente obligados a mantener el secreto profesional, salvo que éstos estén también encausados por los hechos investigados.

UN DIA MAS DE ASUNTOS PROPIOS PARA LOS FUNCIONARIOS AGE EN 2014

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Una Resolucion de la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas de 5 de febrero de 2014 reconoce un día de permiso adicional al personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, al caer en sabados en este año el 1 de noviembre y el 6 de diciembre.

Este permiso podrá disfrutarse individualmente o acumularse tanto a los dias de vacaciones que se disfruten habitualmente como a los dias de asuntos particulares.

DEMOS GRACIAS AL SR. MONTORO 

EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS TUMBA LA DOCTRINA PAROT

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha dado la razón a la etarra Inés del Río en su recurso contra la doctrina Parot y ha fallado este lunes que la interpretación jurídica para alargar la estancia en prisión de la etarra vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal de Estrasburgo confirma así que la jurisprudencia del Tribunal Supremo se aplicó de forma retroactiva y la Constitución española, en su artículo 9, prohíbe la retroactividad de las normas y, tal como ha sentenciado Estrasburgo, la doctrina Parot atenta claramente contra ella.

La doctrina Parot consiste en aplicar los beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas al recluso y no sobre el máximo legal permitido que, en el caso de Inés Del Río era de 30 años de cárcel. La Sala Pequeña del Tribunal de Estrasburgo ya decidió en julio de 2012 que la doctrina Parot vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Aquella resolución condenaba, además, a España a pagar 30.000 euros a la etarra e instaba a su puesta en libertad "a la mayor brevedad posible". La sentencia, adoptaba por unanimidad, no se ejecutó porque el Gobierno recurrió ante la Gran Sala, que es la que ha sentenciado hoy en el mismo sentido.

El Tribunal Supremo dio un giro en 2006 para evitar la excarcelación del considerado el terrorista de ETA más sanguinario, Henri Parot, que había conseguido reducir su pena de 30 a 20 años de cárcel, pese a estar condenado a 4.700 años por 33 asesinatos cometidos entre 1978 y 1990. Esta norma se aplica solo a los presos condenados antes de 1995, cuando fue reformado el Código Penal. Con la modificación del código en 2003, el límite efectivo de cumplimiento de la pena fue elevado hasta los 40 años y la posibilidad de redimirla por trabajo fue suprimida.

PRISION PERMANENTE REVISABLE: CONSTITUCIONAL PERO INNECESARIA, SEGUN EL CONSEJO DE ESTADO

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Una de las medidas más novedosas y más duras del futuro Código Penal, la pena de prisión permanente revisable, ha pasado el visto bueno del Consejo de Estado. El organismo público ha emitido un informe, fechado el 27 de junio, en el que concluye que la nueva pena es constitucional. Aun así, da un rapapolvo al Ministerio de Justicia al subrayar que en ningún momento ha explicado la necesidad de incorporar a la legislación española esa medida tan relevante, que no la ha justificado con datos y que puede estar dejándose llevar por la “alarma” que determinados crímenes especialmente graves hayan suscitado en la opinión pública.

La prisión permanente revisable es como una cadena perpetua, pero reversible: el reo es condenado a cárcel de por vida, pero a los 25 o 35 años (en función de la gravedad de los delitos) esa pena es revisada; si se considera que está rehabilitado, se le deja en libertad (aunque condicional durante un tiempo). Si todavía no está rehabilitado, sigue en la cárcel, sometido a nuevas revisiones periódicas. La libertad puede llegar incluso antes, porque a partir de los 15 años —cuando la condena es por un solo delito— el reo tiene la posibilidad de acceder al tercer grado (volver a prisión solo para dormir).

La nueva pena supone un salto cualitativo conceptualmente, porque implica la posibilidad de que el condenado pase toda su vida en prisión; según algunos juristas, eso choca con el objetivo de “reinserción” que da la Constitución española a las penas de cárcel.

De hecho, el informe del Consejo General del Poder Judicial —que también tuvo que opinar sobre el anteproyecto el pasado enero— concluyó que esa pena vulneraba el principio de legalidad y seguridad jurídica del artículo 25 de la Constitución, porque se basaba en la futura peligrosidad del condenado. También el Consejo Fiscal expresó sus dudas sobre la constitucionalidad de la pena. Ahora, el Consejo de Estado —cuyo informe, como el del CGPJ, no es vinculante— la considera constitucional. Porque no somete al preso a un trato degradante o inhumano y porque, al ser revisable, abre la puerta a la libertad condicional. El anteproyecto de ley, sin embargo, “en ningún momento apunta las razones, motivos, causas o circunstancias por las que se ha entendido que una reforma de esta magnitud resulta necesaria en el momento actual”, dice el organismo consultivo.

ESPAÑA RATIFICA LA ADHESIÓN DE CROACIA A LA UNIÓN EUROPEA

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Mediante la LEY ORGÁNICA 6/2012, se autoriza la ratificación por el Reino de España del Tratado hecho en Bruselas el 9 de diciembre de 2011 de Adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia.

Croacia solicitó el ingreso a la Unión Europea (UE) en 2003, y la Comisión Europea recomendó hacerla candidato oficial a principios de 2004. Se le garantizó el estatus de país candidato a Croacia por parte del Consejo Europeo a mediados de 2004. Las negociaciones de entrada, habiendo sido originalmente establecidas para marzo de 2005, comenzaron en octubre de ese año. Se esperaba que Croacia se adhiriera entorno al año 2010, pero surgieron algunas dudas sobre la ampliación de la UE tras el rechazo de Irlanda al Tratado de Lisboa en un referéndum. No obstante, tras la aprobación y la entrada en vigor de este tratado, Croacia pudo finalizar con éxito las negociaciones sobre su entrada el 30 de junio de 2011, por lo cual, y tras haber sido ratificado por referéndum el 22 de enero de 2012, entrará a formar parte de la UE el próximo 1 de julio de 2013.

EL CONSEJO DE MINISTROS CREA UNA COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Contenido de actualidad: 

El Consejo de Ministros ha aprobado un ACUERDO por el que se crea una Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas.

La Comisión se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

Estará presidida por el subsecretario de la Presidencia En el seno de la Comisión se crearán, en todo caso, las siguientes Subcomisiones:

- Duplicidades administrativas

- Simplificación administrativa.

- Gestión de servicios y medios comunes.

- Administración institucional.

Finalizado el trabajo, el Pleno de la Comisión trasladará las propuestas correspondientes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su elevación al Consejo de Ministros. El plazo para que la Comisión concluya sus trabajos será el 30 de junio de 2013.

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