PRISION PERMANENTE REVISABLE: CONSTITUCIONAL PERO INNECESARIA, SEGUN EL CONSEJO DE ESTADO

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Una de las medidas más novedosas y más duras del futuro Código Penal, la pena de prisión permanente revisable, ha pasado el visto bueno del Consejo de Estado. El organismo público ha emitido un informe, fechado el 27 de junio, en el que concluye que la nueva pena es constitucional. Aun así, da un rapapolvo al Ministerio de Justicia al subrayar que en ningún momento ha explicado la necesidad de incorporar a la legislación española esa medida tan relevante, que no la ha justificado con datos y que puede estar dejándose llevar por la “alarma” que determinados crímenes especialmente graves hayan suscitado en la opinión pública.

La prisión permanente revisable es como una cadena perpetua, pero reversible: el reo es condenado a cárcel de por vida, pero a los 25 o 35 años (en función de la gravedad de los delitos) esa pena es revisada; si se considera que está rehabilitado, se le deja en libertad (aunque condicional durante un tiempo). Si todavía no está rehabilitado, sigue en la cárcel, sometido a nuevas revisiones periódicas. La libertad puede llegar incluso antes, porque a partir de los 15 años —cuando la condena es por un solo delito— el reo tiene la posibilidad de acceder al tercer grado (volver a prisión solo para dormir).

La nueva pena supone un salto cualitativo conceptualmente, porque implica la posibilidad de que el condenado pase toda su vida en prisión; según algunos juristas, eso choca con el objetivo de “reinserción” que da la Constitución española a las penas de cárcel.

De hecho, el informe del Consejo General del Poder Judicial —que también tuvo que opinar sobre el anteproyecto el pasado enero— concluyó que esa pena vulneraba el principio de legalidad y seguridad jurídica del artículo 25 de la Constitución, porque se basaba en la futura peligrosidad del condenado. También el Consejo Fiscal expresó sus dudas sobre la constitucionalidad de la pena. Ahora, el Consejo de Estado —cuyo informe, como el del CGPJ, no es vinculante— la considera constitucional. Porque no somete al preso a un trato degradante o inhumano y porque, al ser revisable, abre la puerta a la libertad condicional. El anteproyecto de ley, sin embargo, “en ningún momento apunta las razones, motivos, causas o circunstancias por las que se ha entendido que una reforma de esta magnitud resulta necesaria en el momento actual”, dice el organismo consultivo.