EL PAIS

Hay avances legislativos cuyo beneficio para los ciudadanos y su bienestar cae por su propio peso y por eso merecen el máximo respaldo social y político. Es el caso del nuevo proyecto de ley del tabaco, que nace con la intención de reforzar la protección de los menores y regular el derecho a estar en la calle libre de humos. No existe ningún nivel de riesgo seguro a la exposición al tabaco ajeno, y esta es una prioridad que ya cuenta con consenso amplio en la sociedad y que por esto motivo debería escapar a cualquier tacticismo partidista y permitir la rápida adopción de una ley pionera en Europa.‌

Con el nuevo proyecto contra el consumo de tabaco, que dependerá en el Parlamento del apoyo de PP y Junts, podría repetirse lo que ocurrió en el pasado, cuando medidas inicialmente polémicas acabaron siendo aceptadas por la mayoría de la opinión pública y del espectro partidista. Hoy los datos son indiscutibles. Las restricciones adoptadas en los últimos 30 años han permitido que el tabaquismo descienda en España del 34% de 1990 al actual 20%. Pero resultan insuficientes ya que esta enfermedad crónica y adictiva, como la define la OMS, se mantiene, junto al alcohol, como la causa más relevante de muertes que se podrían evitar: 55.000 personas al año, según el Ministerio de Sanidad.

El texto aprobado en el Consejo de Ministros es la mayor reforma legal contra el tabaco desde la norma de 2005 que prohibió fumar en bares y restaurantes. Ahora se amplían estas mismas restricciones a espacios al aire libre, como terrazas, playas, campus universitarios y festivales, y se veta por fin que fumen los menores de 18 años, que hasta ahora solo tenían vedado comprar cigarrillos. Serán los padres los responsables de proteger a sus hijos y hacerles cumplir la restricción, bajo amenaza de multas de hasta 200 euros.

Otra novedad es que la nueva ley extiende al vapeo todas las medidas contra el tabaco. Los dispositivos electrónicos no son inocuos ni tampoco un tipo de cigarrillo más sano que permita rebajar la adicción. Al contrario, suponen una peligrosa vía de entrada al tabaquismo que afecta principalmente a los jóvenes. La encuesta ESTUDES 2025 indica que casi la mitad de las personas de 14 a 18 años ha probado alguna vez cigarrillos electrónicos y el consumo en el último mes prácticamente se ha doblado en los últimos años. Cualquier padre o madre detecta si su hijo menor fuma por el desagradable olor impregnado en su ropa. Los cigarrillos electrónicos, vapeadores y sishas, que la industria del tabaco promociona como una alternativa menos dañina para la salud, camuflan la nicotina con aromas dulzones, como de gominolas o algodón de azúcar, que no se asocian popularmente con efectos dañinos. Y, sin embargo, la evidencia científica tiene cada vez más certezas de ello. En España, la ciencia ya ha relacionado un caso de uso de vapeador de gran capacidad con una hemorragia pulmonar sufrida por una universitaria en Barcelona.

Por eso resultan necesarias todas las medidas que eviten nuevos dependientes de la nicotina, y más si son los jóvenes a los que les espera una vida de adicción. El sector tabaquero y el de la hostelería esgrimen una vez más el impacto económico, que aseguran que aporta 3.755 millones de euros al PIB. Pero dejan fuera el ahorro de entre 100 y 200 millones anuales que el Estado dedica a la prevención y la lucha contra el tabaquismo y, sobre todo, el coste en vidas. Las leyes han de basarse en datos científicos y no en intereses comerciales, cuando la prioridad es evitar adicciones y muertes.