FERNANDO PEINADO. JUAN DIEGO QUESADA. EL PAIS.

El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este jueves que venderá el polémico ático de lujo de Chamberí, solo un día después de que EL PAÍS revelara la extraña adquisición del inmueble. La noticia la ha dado el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, en declaraciones a la prensa en las que ha justificado que el motivo es la necesidad de “ayudar a la reconstrucción” por los incendios en la Sierra Oeste de la región. No obstante, una fuente de la máxima confianza de la presidenta ha dado a este periódico otro motivo más profano. “Ahora, resulta que no se puede montar una oficina. Pues que lo vendan”.

Además del ático, el Ejecutivo madrileño se deshará de otros cuatro inmuebles en la Gran Vía de Madrid, según García Martín, que ha hablado en San Martín de Valdeiglesias, uno de los municipios madrileños afectados. Las operaciones podrían suponer la entrada de 20 millones de euros, ha añadido.

El anuncio ha llegado después de 24 horas en las que el Ejecutivo de Ayuso había recibido fuertes críticas por esta adquisición y en las que se habían dado explicaciones cambiantes para justificarla. Primero una portavoz dijo que el ático iba a ser la oficina temporal de la presidenta durante unas obras en la sede presidencial de Sol; después el equipo de Ayuso matizó que la decisión “no estaba tomada al cien por cien”, y luego la propia presidenta dijo en rueda de prensa que podía ser usada por alguno de sus consejeros.

Este jueves, la operación seguía rodeada de incógnitas. Giraban en torno al sentido económico de esta operación, que podía haber sido menor con un alquiler de una oficina o la mudanza a algún espacio vacante en los edificios propiedad de la Comunidad. Además, las normas urbanísticas de la ciudad de Madrid impiden montar una oficina en un ático. También quedaban en el aire preguntas básicas como el precio pagado. El Ejecutivo de Ayuso no ha publicado el expediente de la compra, que debería contener la memoria justificativa o la tasación del ático.

El giro inesperado ha llegado a primera hora de la tarde. El consejero García Martín, que es el responsable de la empresa que compró el ático, visitaba dos municipios afectados cuando reveló la intención de venderlo.

“El Gobierno de la Comunidad de Madrid en este momento está volcado en la recuperación de la Sierra Oeste tras este devastador incendio. Esta es la prioridad, el número uno, la máxima prioridad que tenemos”, dijo a los periodistas que le acompañaban.

“Y, por tanto, les comunico, he dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta cuatro inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción”, añadió.

García Martín agregó que sigue en marcha la reforma de la sede de Sol, el motivo que se había dado para comprar el ático. Ha dicho que van a buscar espacios que reúnan las condiciones necesarias para trasladar la actividad de la Real Casa de Correos mientras duran estos trabajos.

Esta misma mañana, poco antes del anuncio de García Martín, el Ayuntamiento se había pronunciado sobre la polémica de forma sutil. Sin decir abiertamente que el ático no podía ser oficina, la vicealcaldesa y portavoz, Inma Sanz, declaró que estaban “absolutamente convencidos de que la Comunidad de Madrid conoce los usos permitidos en la normativa municipal”. En su intervención, en la rueda de prensa semanal posterior a la Junta de Gobierno, Sanz subrayó que “en todos los casos el Ayuntamiento de Madrid cumple la normativa y la hace cumplir”.

EL PAIS.

El respaldo en el Parlamento a la ley que concede la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la bandera de España viene a corregir una de las consecuencias de la precipitada descolonización del territorio hace medio siglo y supone un buen paso en la reparación de una deuda histórica. La proposición de ley presentada por Sumar solo ha recibido tres votos en contra, los de Vox, en la Comisión de Justicia del Congreso. A la vez, ha contado con el apoyo de la mayoría de la investidura, salvo Junts, que se abstuvo. Lo mismo hizo el PP, que había votado a favor de su toma en consideración el año pasado y en contra del dictamen de la ponencia hace apenas un mes. Es una buena noticia, porque una norma como esta merece el máximo consenso.

Ahora queda que la apruebe el pleno de la Cámara en septiembre y su posterior tramitación en el Senado. Salvo que un adelanto electoral dé al traste con su recorrido en el Legislativo, como ocurrió hace tres años, hasta 200.000 saharauis nacidos bajo Administración española y sus descendientes podrán aspirar a la nacionalidad por carta de naturaleza. Para ello deberán probar mediante documentos de la ONU o de la Administración española que nacieron en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de1977, cuando expiró el exiguo plazo de un año concedido entonces por el Gobierno para solicitar la nacionalidad y sus tropas ya habían dejado el territorio el 26 de febrero de 1976 en manos de Marruecos y, durante menos de cuatro años, Mauritania. Reciben el mismo derecho que ya tienen los iberoamericanos, filipinos, ecuatoguineanos, sefardíes y portugueses de adquirir la nacionalidad con dos años de residencia, en vez de los 10 años exigidos con carácter general.

‌Tendrán derecho a pasaporte los saharauis nacidos bajo la colonización española que permanecen en el territorio, los que siguen en el exilio en los campamentos de refugiados de Tinduf, al suroeste de Argelia, o los dispersos en una diáspora en Europa. Como fue ratificado hace nueve meses y sin votos en contra por el Consejo de Seguridad de la ONU, la comunidad internacional, incluida España, se inclina por el plan de autonomía de Marruecos, que controla el territorio desde hace más de medio siglo. El Frente Polisario defiende la vía hacia la independencia a través de un referéndum de autodeterminación.

Pese a ello, la votación en el Congreso es señal de que España deja de inhibirse y empieza a velar por los hijos del Sáhara nacidos bajo su bandera. Al comenzar a saldar la deuda sobre su conciencia por el abandono de la que fue su provincia número 53, España al menos hace honor a su historia. Así como acogió a los sefardíes 500 años después de expulsarlos y luego a los descendientes de exiliados por la guerra civil, debe recibir a los saharauis a quienes dio la espalda hace 50.

MIGUEL MORENO MENDIETA. EL PAIS

Una red de hilos invisibles conecta a los directivos y consejeros de las grandes compañías españolas. El haber pasado por ciertas consultoras empresariales de élite, escuelas de negocios o puestos de la Administración abre más puertas que cualquier agencia de cazatalentos. Abogados del Estado en excedencia en los consejos de administración de empresas del Ibex, exdirectivos de la firma McKinsey en los despachos más poderosos del sector financiero y antiguos alumnos de Icade o del IESE ocupando puestos relevantes en multinacionales muestran esa red de influencias —tan sutil como tenaz— que se ha ido tejiendo en las élites empresariales.

“Aquí nos conocemos todos y cuando alguien viene de McKinsey ya sabemos lo que va a pasar”, apunta un directivo de una de las mayores aseguradoras españolas. McKinsey & Company es una consultora estratégica estadounidense fundada hace 100 años. ¿Sus dueños? Sus propios socios. A diferencia de otras firmas como Accenture, PwC, Deloitte o KPMG, que tienen un espectro de negocios más amplio, McKinsey se dedica fundamentalmente a asesorar a altos directivos para poner en marcha proyectos de calado en la organización: desde fusiones y adquisiciones hasta la entrada en nuevos mercados.

En el libro La consultora: cómo McKinsey dirige el mundo (Península) los periodistas Walt Bogdanich y Michael Fosythe explican cuál es una de las prácticas más habituales a la hora de operar de esta firma: la empresa es contratada por una gran corporación para trabajos específicos —mejoras de eficiencia, revisión de procesos, proyectos de compras...—; los consultores entablan una relación muy estrecha con la dirección; y al cabo de unos años, algunos de esos consultores acaban siendo contratados en la compañía, y fichan a otros socios.

En España, la sombra de McKinsey es alargada. Durante el intento de compra del Banco Sabadell por parte del BBVA, tres de los cuatro actores principales habían trabajado para la consultora. Tanto el presidente del BBVA, Carlos Torres, y su consejero delegado, Onur Genç, como el consejero delegado del banco catalán, César González-Bueno, habían sido socios de la prestigiosa firma.

A lo largo de la fallida opa, muchos inversores cuestionaron el modo de hacer de Torres y Genç, atribuyéndolo al ‘patrón McKinsey’. “Se creen más listos que el resto, pero al final les falta calle, les falta conocer más a la gente, y se enrocaron en una tímida mejora de la oferta, del 10%, que no logró inclinar la balanza”, explica un veterano gestor de fondos, que administra activos por más de 100 millones de euros.

También en el Santander ha habido presencia importante de McKinsey. Víctor Matarránz era hasta hace unos meses la mano derecha del consejero delegado, Héctor Grisi, y también dirigió la potente división de seguros y gestión de activos. Ahora trabaja para el gigante británico HSBC.

La red se extiende más allá del sector financiero. La jefa de Google en España, Fuencisla Clemares, y los nuevos presidentes de las empresas de medios Vocento (editor del ABC), Ignacio Eyries, y de Mediapro, Sergio Oslé, también fueron socios de McKinsey. Este último se ha estrenado en el cargo con un expediente de regulación de empleo (ERE) para el 20% de la plantilla. También pertenece al clan el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos.

Estos círculos de influencia no están aislados. En ocasiones, se superponen. Es el caso de Madridejos. El directivo, antes de recalar en McKinsey, estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en Madrid, otra de las canteras más prolíficas de las grandes empresas españolas. Especialmente en el ámbito de las constructoras. Florentino Pérez (presidente de ACS), Manuel Manrique y Juan del Rivero (Sacyr), Juan Miguel Villar Mir (fallecido en 2024 y fundador del grupo Villar Mir, ahora OHLA) y José María Entrecanales (fundador del grupo Acciona y fallecido en 2008) estudiaron esta ingeniería.

“Las grandes infraestructuras de España las han construido un puñado de empresas punteras creadas por ingenieros de caminos que además han sido muy exitosas en su internacionalización”, resume un octogenario empresario madrileño, que ha trabajado con muchos de los ingenieros mencionados.

Otra cantera ingenieril para las élites directivas españolas es el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI), adscrito a la Universidad Pontificia Comillas. Este centro privado está controlado por la Compañía de Jesús, la institución católica que tiene más peso en la educación en España, junto con el Opus Dei.

En las aulas del ICAI, situadas en la calle Alberto Aguilera de Madrid, estudió Ingeniería Industrial Ignacio Sánchez-Galán, el presidente de Iberdrola, quien también logró un grado de Dirección de Empresas en el Instituto Católico de Administración de Empresas (Icade) de esta misma universidad. También se formaron en ICAI la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz; el consejero y exprimer ejecutivo de Endesa, José Bogas; Francisco José Riberas, fundador y presidente de Gestamp; y Amparo Moraleda, presidenta de la multinacional europea de la aviación Airbus.

El tapiz de antiguos alumnos de ambos centros de los jesuitas —ICAI e Icade— es el más extenso y tupido del panorama empresarial español, con más de 50.000 alumni registrados. La nómina de directivos célebres es tan amplia que tiene su propia entrada en la Wikipedia. Esta comunidad busca “facilitar el ‘networking’, la mentoría, el acceso a bolsas de empleo y los eventos exclusivos”, según se explica en la página de la Universidad Pontificia Comillas.

La facultad de Icade fue pionera en España en lanzar los estudios de doble grado. En 1960 empezó a ofrecer su famoso E3, que combina estudios en Derecho y Administración de Empresas. Luego extendería la fórmula a otras combinaciones de estudios universitarios. El programa fue tan exitoso que lo acabaron copiando la mayoría de universidades españolas.

Una antigua alumna de Icade, directiva en una multinacional del marketing, reconoce que la calidad de la formación “es excelente”, pero cree que si tantos y tantos exalumnos llegan a puestos directivos es también por otros factores. “Influye el ‘networking’, por supuesto, pero también influye que buena parte de las familias con dinero de Madrid y alrededores hacen lo posible por enviar allí a sus hijos”. Esta ejecutiva recuerda de su etapa de estudiante que “había muchos compañeros con apellidos compuestos, de los que acababas sabiendo de su vida por las páginas de sociedad del ABC o del ¡HOLA!”.

Ignacio de la Torre, economista jefe de la firma de inversiones Arcano Partners, cuestiona que estas redes de contactos tengan tanta influencia. “En los procesos de selección de directivos se buscan perfiles que tengan ciertas habilidades, que hayan demostrado su capacidad a lo largo de su trayectoria, y a veces, pues proceden del ámbito de la ingeniería, o de ciertas escuelas de negocios, pero si han llegado a esos puestos no es porque un amigo de la universidad les haya enchufado”, reflexiona el economista. De la Torre argumenta que, además, “los departamentos de personas buscan perfiles variados, porque se ha demostrado que solo así se construyen equipos más sólidos y exitosos”.

Los jesuitas no solo están detrás de la Universidad Pontificia Comillas. También controlan la Universidad de Deusto, en Bilbao, cantera de buena parte de la élite política y empresarial vasca, especialmente en el ámbito de los banqueros. La cantera de La Comercial de Deusto —como se conoce a esta escuela, por su nombre original— es extensa en el sector financiero. Desde José Ignacio Goirgolzarri (ex consejero delegado del BBVA y presidente de Bankia, y luego de CaixaBank, tras la fusión); Emilio Botín (el histórico presidente del Banco Santander, fallecido en 2014, y padre de la actual presidenta, Ana Botín) a Gregorio Villalbeitia, presidente de Kutxabank, pasaron por Deusto. También históricas figuras como José Ángel Sánchez Asiaín (Banco de Bilbao), Emilio Ybarra (BBV), Pedro Luis Uriarte pertenecen a esta cantera.

Además de Icade e ICAI, en Madrid, y la facultad de Deusto, en Bilbao, los jesuitas también controlan en Barcelona Esade, la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, con campus también en Madrid. Se trata de un centro de cursos de postgrado para directivos, creado en 1958 con el empuje de un grupo de empresarios catalanes. Por allí han pasado importantes figuras directivas, como Tomás Muniesa, actual presidente de CaixaBank o Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International.

Ese mismo año, en plena etapa del desarrollismo franquista, la prelatura del Opus Dei fundó, a través de la Universidad de Navarra, el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), otra escuela de postgrados para directivos. Su primera sede estaba también en Barcelona, pero pronto creó una segunda sede en el pinar del Cerro del Águila, en el barrio de Aravaca de Madrid, junto al elitista Real Club de Campo.

Los jesuitas y el Opus Dei han competido durante años para situar a sus escuelas de negocios entre las más prestigiosas del mundo. Ambas tienen acuerdos con la Universidad de Harvard y por sus aulas pasan miles de alumnos cada año. De acuerdo con la última clasificación publicada por el Financial Times, el IESE ocupa la tercera posición mundial en programas abiertos para directivos y el Esade, la quinta.

Ambas escuelas tienen programas para directivos, pero también para estudiantes recién graduados. Los famosos MBA (máster en administración de negocios, en inglés). En el caso del IESE, el precio del citado programa es de 114.000 euros.

Un importante valedor del IESE es Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, y una de las personas más poderosas de España. El eterno directivo bancario —y miembro del Opus Dei— estudió en Harvard y también realizó un programa de alta dirección del IESE. CaixaBank, junto a otras compañías como Mango o la ingeniería vasca Sener, es una de las grandes patrocinadoras de la escuela de negocios. El control presupuestario del IESE y nombramientos de profesores y miembros de su consejo de dirección lo supervisa el vicecanciller de la Universidad de Navarra, el sacerdote Ignacio Barrera Rodríguez, vicario regional del Opus Dei en España.

Andrés Villena Oliver, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, lleva años investigando sobre las clases dirigentes. Su último libro, Las élites que dominan España (Libros del KO), reflexiona sobre estas redes de poder. “Las escuelas de negocios, tanto Esade como el IESE, no dejan de ser una creación de los grandes grupos industriales para formar a las nuevas generaciones empresariales y seguir manteniendo el poder”, reflexiona. A su juicio, estos modelos de selección de élites “son una forma de filtrar candidatos para que solo accedan a los puestos directivos personas similares”.

Además de las consultoras estratégicas, las escuelas de ingeniería y las universidades católicas, otra cantera de la clase directiva es la Administración Pública. Uno de los casos más palmarios es el de los Abogados del Estado, uno de los cuerpos más prestigiosos del funcionariado, encargado de ejercer la defensa jurídica y el asesoramiento legal de la Administración General del Estado. De la plantilla de 675 letrados, casi la mitad están en excedencia, trabajando la mayoría para grandes despachos y compañías.

Uno de los puestos más frecuentes para los Abogados del Estado que pasan al sector privado es el de secretario de consejos de administración. En el Banco Santander, en Mapfre, o en Iberdrola, la persona que lleva el funcionamiento del máximo órgano de gobierno es un Abogado del Estado. Y no solo como secretario. En el caso de ACS, seis de sus consejeros tienen este origen.

No siempre sus trayectorias en el sector privado se limitan al asesoramiento jurídico. El que está considerado como el directivo más prestigioso de España, Pablo Isla —expresidente de Inditex, la matriz de Zara, y actual presidente del grupo Nestlé— es Abogado del Estado. Su sucesor como primer ejecutivo de Inditex, Óscar García Maceiras, también procede de este cuerpo de funcionarios.

El profesor Villena Oliver considera “hasta cierto punto lógico” que las grandes compañías quieran tener en sus órganos de gobierno estos perfiles que aúnan un vasto conocimiento de los engranajes jurídicos del Estado, junto con una red de relaciones muy poderosa. “Los 20 ó 25 nuevos Abogados del Estado que salen cada año se conocen mucho entre sí, y la empresa que luego les contrata no solo les ficha a ellos sino a su valiosa agenda de contactos”, apunta el economista.

El periodista Rafael Méndez en su libro Los dueños del Estado (Península) disecciona la forma de operar de este clan. “Las oposiciones de acceso son durísimas y no es fácil enchufar a alguien. Pero hay muchos apellidos compuestos y cierto grado de endogamia”, explica.

Otro cuerpo que ha sido cantera de políticos y empresarios es el de Técnicos Comerciales del Estado. Los conocidos como tecos han copado muchísimos puestos dentro del Ministerio de Economía y del Banco de España. Pero también muchos de ellos han dado salto a la empresa privada. José Manuel Campa, que fue secretario de Estado de Economía y director de la Autoridad Bancaria Europea, trabajó durante cuatro años como director global de asuntos regulatorios del Banco Santander y ahora es profesor del IESE.

Probablemente el sector financiero es el que más clanes concentra entre sus directivos. Al ser un sector muy regulado, los bancos tienden a contratar a esos altos cargos administrativos. Y casi todos sus ejecutivos han pasado por alguna escuela de negocios. Otra de las figuras que en su día marcaron el devenir de la Bolsa española y que aún hoy siguen teniendo presencia es la de los antiguos agentes de cambio y Bolsa, una figura regulada, con similitudes a los notarios.

Algunos de ellos montaron sus propias empresas. Fue el caso de Francisco González, quien fundó FG Valores Brusátiles y acabó siendo presidente del BBVA. Otra firma creada por antiguos agentes de cambio y Bolsa fue AB Asesores. Tras vender la firma al banco estadounidense Morgan Stanley, este clan se dispersó y acabó recalando en muchas grandes compañías financieras, desde Bankinter a Mutua Madrileña. ¿Quién fue su socio más famoso? Un desconocido teco, llamado Luis de Guindos, que acabó presidiendo Lehman Brothers en España, siendo ministro de Economía y luego vicepresidente del Banco Central Europeo. Otro caso de libro de redes de poder, círculos superpuestos y agendas privilegiadas que definen el poder económico en España.

EL PAIS

Hay avances legislativos cuyo beneficio para los ciudadanos y su bienestar cae por su propio peso y por eso merecen el máximo respaldo social y político. Es el caso del nuevo proyecto de ley del tabaco, que nace con la intención de reforzar la protección de los menores y regular el derecho a estar en la calle libre de humos. No existe ningún nivel de riesgo seguro a la exposición al tabaco ajeno, y esta es una prioridad que ya cuenta con consenso amplio en la sociedad y que por esto motivo debería escapar a cualquier tacticismo partidista y permitir la rápida adopción de una ley pionera en Europa.‌

Con el nuevo proyecto contra el consumo de tabaco, que dependerá en el Parlamento del apoyo de PP y Junts, podría repetirse lo que ocurrió en el pasado, cuando medidas inicialmente polémicas acabaron siendo aceptadas por la mayoría de la opinión pública y del espectro partidista. Hoy los datos son indiscutibles. Las restricciones adoptadas en los últimos 30 años han permitido que el tabaquismo descienda en España del 34% de 1990 al actual 20%. Pero resultan insuficientes ya que esta enfermedad crónica y adictiva, como la define la OMS, se mantiene, junto al alcohol, como la causa más relevante de muertes que se podrían evitar: 55.000 personas al año, según el Ministerio de Sanidad.

El texto aprobado en el Consejo de Ministros es la mayor reforma legal contra el tabaco desde la norma de 2005 que prohibió fumar en bares y restaurantes. Ahora se amplían estas mismas restricciones a espacios al aire libre, como terrazas, playas, campus universitarios y festivales, y se veta por fin que fumen los menores de 18 años, que hasta ahora solo tenían vedado comprar cigarrillos. Serán los padres los responsables de proteger a sus hijos y hacerles cumplir la restricción, bajo amenaza de multas de hasta 200 euros.

Otra novedad es que la nueva ley extiende al vapeo todas las medidas contra el tabaco. Los dispositivos electrónicos no son inocuos ni tampoco un tipo de cigarrillo más sano que permita rebajar la adicción. Al contrario, suponen una peligrosa vía de entrada al tabaquismo que afecta principalmente a los jóvenes. La encuesta ESTUDES 2025 indica que casi la mitad de las personas de 14 a 18 años ha probado alguna vez cigarrillos electrónicos y el consumo en el último mes prácticamente se ha doblado en los últimos años. Cualquier padre o madre detecta si su hijo menor fuma por el desagradable olor impregnado en su ropa. Los cigarrillos electrónicos, vapeadores y sishas, que la industria del tabaco promociona como una alternativa menos dañina para la salud, camuflan la nicotina con aromas dulzones, como de gominolas o algodón de azúcar, que no se asocian popularmente con efectos dañinos. Y, sin embargo, la evidencia científica tiene cada vez más certezas de ello. En España, la ciencia ya ha relacionado un caso de uso de vapeador de gran capacidad con una hemorragia pulmonar sufrida por una universitaria en Barcelona.

Por eso resultan necesarias todas las medidas que eviten nuevos dependientes de la nicotina, y más si son los jóvenes a los que les espera una vida de adicción. El sector tabaquero y el de la hostelería esgrimen una vez más el impacto económico, que aseguran que aporta 3.755 millones de euros al PIB. Pero dejan fuera el ahorro de entre 100 y 200 millones anuales que el Estado dedica a la prevención y la lucha contra el tabaquismo y, sobre todo, el coste en vidas. Las leyes han de basarse en datos científicos y no en intereses comerciales, cuando la prioridad es evitar adicciones y muertes.

En su discurso ante los Reyes y las máximas autoridades españolas en el Palacio Real, León XIV ha agradecido a España “su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”, en referencia a la posición del Gobierno español ante la guerra de Irán o la de Gaza. Antes, ha llamado a los españoles a la “reconciliación” y a abandonar “narrativas divisivas” y “enfoques identitarios”. Por su parte, el rey Felipe VI se ha referido por primera vez a los abusos de la Iglesia. En su discurso para dar la bienvenida al Papa, ha afirmado que “no puede haber mayor contraste con la labor social de la Iglesia que el dolor causado por los casos de abuso” y ha alabado la “claridad y firmeza” del Pontífice en la lucha contra ellos.

Esta tarde, León XIV visitará el centro para personas sin hogar en el barrio de Carabanchel y después presidirá una vigilia con jóvenes en la plaza de Lima.

El Pontífice estará en Madrid hasta el martes, cuando saldrá hacia Barcelona, donde permanecerá dos días antes de partir a Gran Canaria y, después, a Tenerife.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” articulada a través de “un núcleo operativo personal” cuya finalidad era “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente [la aerolínea] Plus Ultra”. La investigación indaga sobre la existencia de una supuesta trama de blanqueo de dinero con el rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno entregó a esta compañía aérea tras la pandemia. El juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar al exlíder socialista el próximo 2 de junio.

Según confirman fuentes de la investigación a EL PAÍS, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional este martes ha registrado la oficina de Zapatero, la de la empresa de sus hijas, Whathefav S. L., así como otras dos mercantiles (Inteligencia Prospectiva S. L. y Softgestor) que eran clientes de Análisis Relevante S. L., una consultora que centra la investigación. La mercantil —creada por Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero— cobraba de Plus Ultra y, a su vez, pagaba al expresidente. Además, los agentes han realizado requerimientos de documentación a entidades públicas como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al grupo empresarial chino Aldesa. El juez apunta a la creación de una empresa en Dubái por orden del expresidente supuestamente para recibir fondos y evitar su rastreo en España.

Esta es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno está investigado en una causa por corrupción. La Fiscalía que dirige Alejandro Luzón lleva desde 2024 indagando en el paradero del dinero del rescate otorgado en marzo de 2021, después de que llegaran dos peticiones de información de las autoridades de Suiza y de Francia por supuestas maniobras de blanqueo de capitales en ese territorio. A finales de 2025, el asunto fue judicializado en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que lo envió a la Audiencia Nacional. El 11 de diciembre, la UDEF registró la sede de Plus Ultra y detuvo al presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, y a su consejero delegado, Roberto Roselli.

CARLOS E. CUE. EL PAIS.

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el real decreto para la regularización extraordinaria con el que prevé que unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones. Se trata de “uno de los grandes hitos de esta legislatura”, ha apuntado Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien ha destacado que el texto “cuenta con una triple legitimidad: la social, la política y la económica”, además de contar con “todas las garantías legales y el aval de importantes organismos y estudios”.

El Ejecutivo ha tenido que cambiar la norma por recomendación del Consejo de Estado y endurecer sobre todo lo relativo a antecedentes penales, pero confía en que estos cambios no alteren el éxito de la iniciativa y no quede más gente fuera de la prevista. Para ello el Gobierno se pone a disposición de los inmigrantes para ayudarles a pedir esos antecedentes a sus países si estos no los envían a tiempo. El Ejecutivo insiste en que estos son casos excepcionales, porque la mayoría sí logra que le manden esos documentos.

“Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles, y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones”, ha apuntado la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Saiz ha cargado contra el PP, que hace dos años sí apoyó la regularización, y votó a favor de su tramitación presionado por la Iglesia, una de sus grandes impulsoras, pero ahora se opone radicalmente. “Al PP le cuesta cada vez más seguirle, el PP más desubicado de la historia”, ha dicho Saiz. “El PP tenía que elegir si estaba al lado de la iglesia, de los sectores productivos, de la patronal y los sindicatos, o al lado de Vox, y a eso atribuyo ese cambio de un PP que dio luz verde a la iniciativa legislativa popular en el Congreso y ahora rechaza la regularización. Esto se debe a los pactos con Vox. El PP intentó que la Comisión Europea la rechazara y le han dicho que forma parte de la soberanía española. Y el Consejo de Estado también avala que se haga a través de una reforma del reglamento de la ley de extranjería”, ha rematado la ministra.

Saiz ha detallado que los inmigrantes que cumplan los requisitos podrán acceder a una autorización por residencia y trabajo y que también se les dará un número de afiliación a la Seguridad Social y tarjeta sanitaria del territorio en el que residan, y ha apuntado que el permiso “tendrá una vigencia inicial de un año” y que posteriormente, estas personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el reglamento de extranjería, “lo que les permite una integración plena y progresiva en el sistema”. El Ejecutivo minimiza el efecto de los cambios que ha tenido que introducir por el informe del Consejo de Estado, y sostiene que siempre se exigió el certificado de antecedentes penales, aunque antes, en casos difíciles, bastaba con una declaración voluntaria si no llegaban esos documentos y ahora son obligatorios.

“Sabemos que hay mucha gente esperando este proceso y hemos diseñado un plan operativo con muchísimo trabajo y cariño que esté a la altura del reto que supone. Queremos asegurarnos de que todas las personas que tengan derecho a ello puedan acceder y no se resienta la atención habitual de los servicios públicos”, ha recalcado la ministra portavoz. El proceso se podrá iniciar de forma telemática desde el próximo jueves 16 de abril, es decir, un día después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado, y de forma presencial desde el 20 de abril.

El presidente del Gobierno ha defendido la regularización en una carta enviada a la ciudadanía a través de las redes sociales en la que ha escrito que se llega a este momento “gracias a cientos de organizaciones y a más de seiscientas mil personas que, durante años, han trabajado sin descanso para llevar esta iniciativa al Parlamento a través de una iniciativa legislativa popular”. Sánchez cuenta que la medida es un acto de “normalización”, ya que reconoce “la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana” y que también es “un acto de justicia con nuestra propia historia”.

El PP anunció este lunes una ofensiva jurídica y parlamentaria contra la regularización, pese a que en 2024 votaron a favor en el Congreso de los Diputados. Ahora, los populares argumentan que la medida “es mala para quienes han seguido la ley, para quienes están por venir; es mala para la ciudadanía en su conjunto, que ve cómo se depauperan los servicios públicos sin que el Gobierno haga nada”, indicó la vicesecretaria Alma Ezcurra, que este martes ha apuntado en una entrevista en Radio Nacional de España otras de las razones para oponerse, como que “nadie sabe cuántas personas se van a acoger” y que puede producir un efecto llamada. “Nos parece que tomar una medida de este calibre sin saber cuántas personas se van a acoger es una temeridad. En términos generales, el PP se opone a las regularizaciones masivas, creemos que esto tiene que ser un criterio individualizado, siempre vinculado al empleo y con requisitos muy estrictos. Porque si no, el mensaje que lanzamos al mundo es que la irregularidad tiene premio; y eso, entre otras cosas, produce que gente que está muy desesperada se eche en brazos de las mafias y pueda perder la vida en el mar”, ha argumentado.

CARLOS E. CUÉ. EL PAIS

Pedro Sánchez repite el esquema de los tiempos de Nadia Calviño y pone todo el foco en la economía colocando como vicepresidente primero a Carlos Cuerpo, un independiente sin carné del PSOE y que viene de un perfil técnico, pero que ha ido ganando mucho peso en el entorno del presidente. Cuerpo da un triple salto y pasa en poco tiempo de secretario de Estado apenas conocido a vicepresidente y figura clave del nuevo Ejecutivo tras la salida de María Jesús Montero, que deja el Gobierno para ser candidata en Andalucía.

La otra gran novedad es que Sánchez evita el superministerio con el que se especulaba y mantiene Economía y Hacienda separados, como los ha tenido en sus ocho años en La Moncloa. Para este último elige a Arcadi España, también de peso técnico pero con un perfil mucho más político, porque sí es del PSOE, fue la persona de máxima confianza de Ximo Puig en la Generalitat valenciana, es miembro de la ejecutiva federal del partido y ahora era secretario de Estado de Política Territorial. España ya fue conseller de Hacienda en la Comunidad Valenciana y tiene dilatada trayectoria política y respeto interno en el PSOE.

El cambio de Montero por Cuerpo es muy relevante. Sánchez pasa de una política de raza, que es la número dos del PSOE y sonó en alguna ocasión como posible sucesora, a un independiente que ha desarrollado toda su carrera en puestos técnicos como economista de élite en la Comisión Europea o en la Airef. Cuerpo es economista del Estado por oposición.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha anunciado esta noche la disolución del Parlamento y la convocatoria de las elecciones andaluzas para el próximo 17 de mayo, “una fecha idónea para facilitar la mayor participación posible”, según ha dicho en una comparecencia televisada desde el palacio de San Telmo. La Junta informó de la alocución a través de Yotube y de Canal Sur con tan solo 13 minutos de antelación. “Ha llegado el momento”, ha dicho el líder popular.

El dirigente popular ha convocado esta tarde una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno puesto que, según el Estatuto de Autonomía, la convocatoria electoral es una prerrogativa exclusiva del presidente “previa deliberación del Consejo de Gobierno”. El presidente andaluz ha justificado la fecha del 17 de mayo, que sortea las numerosas fechas festivas que se celebran en Andalucía -aunque coincide con la Feria de Jerez de la Frontera, la segunda más importante de la comunidad-, para que el futuro gobierno esté a pleno rendimiento cuanto antes para “llegar al verano con un horizonte político despejado. Y de la misma forma, este momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación”.

Moreno ha convocado a los andaluces tras reunirse con sus consejeros esta misma tarde. “Han sido cuatro años idóneos. El cambio comenzó hace siete años ha permitido iniciar reformas. Seguimos creciendo”, ha dicho. “Votar cada cuatro años con la legislatura completada y los presupuestos presentados es la normalidad democrática”, ha señalado. “Nuestra tierra ha demostrado recientemente una gran altura. Espero y deseo que esta decisión tan importante facilite la mayor participación y permitan a los andaluces hablar con la máxima claridad, para que todos los partidos estemos a la altura”.

El último barómetro del año del Centro de Estudios Andaluces (Centra), publicado este lunes, pronostica la victoria del PP en Andalucía—aunque podía perder la mayoría absoluta (55 de los 109 escaños del Parlamento)—, el desplome del PSOE y una fuerte subida de Vox —cuatro puntos más que en los anteriores comicios— en caso de que se celebraran ahora elecciones autonómicas

El Gobierno aprobó este viernes en una reunión extraordinaria un paquete de medidas de urgencia por valor de 5.000 millones de euros para hacer frente a la tensión en el mercado de la energía derivada de la guerra en Irán, que amenaza con contaminar a toda la economía. Las 80 medidas incluyen rebajas del IVA que soportan la luz, el gas y los combustibles, descuentos en el precio de los carburantes, ayudas a los transportistas y agricultores para la compra de fertilizantes y apoyo a la industria electrointensiva, entre otras. Se trata de una respuesta rápida por parte del Ejecutivo, que diseña una protección social y económica amplia ante un escenario lleno de incertidumbre, con un conflicto sin final a la vista que escala día a día, donde se están viendo dañadas instalaciones energéticas que llevará tiempo volver a poner en marcha. El plan rescata parte del manual anticrisis desplegado en el primer año de la guerra en Ucrania, aunque en un escenario diferente.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encargó de recalcar el menor impacto que el conflicto de Oriente Próximo tiene en esta ocasión sobre la factura eléctrica: el gas marca el precio de la electricidad apenas un 15% del tiempo en España, frente al 90% en Italia o el 40% en Alemania. Se puede criticar que, por ello, las rebajas fiscales para la electricidad van más allá de las medidas perimetradas y acotadas que había prometido el propio Ejecutivo. Igualmente, la bonificación del combustible para el grueso de los consumidores contradice el objetivo de descarbonizar la economía. Pero, en conjunto, el plan presentado este viernes, entendido como una respuesta rápida y precisa a una crisis sobrevenida, supone un escudo económico y social adecuado al momento. Hay que empezar a pensar en nuevos escenarios y en medidas adicionales, aunque las reglas fiscales europeas condicionen la adopción de nuevos planes

En su parte más pegada a la crisis, el plan resulta difícil de impugnar por parte del Congreso cuando se vote su convalidación, previsiblemente la próxima semana. La coyuntura es grave, su evolución a corto plazo no está en manos de España o de la UE, y exige de los grupos parlamentarios frialdad, pragmatismo y altura de miras, en vez de la habitual campaña electoral virtual en la que se convierte cualquier debate. La Agencia Internacional de la Energía advirtió este viernes de que el bloqueo del paso de petróleo por el estrecho de Ormuz a causa de la guerra, y el nerviosismo provocado por los ataques contra plantas gasistas han causado ya “la mayor amenaza para la seguridad energética mundial de la historia”. Esto ha sucedido en solo tres semanas. Los ciudadanos tienen que percibir que el Estado, no solo el Gobierno, está preparado para proteger a los ciudadanos de lo que venga.

REYES RINCON. EL PAIS

El Tribunal Supremo ha puesto fin este jueves al pleito entre el Estado y la familia de Francisco Franco por la propiedad del pazo de Meirás. La Sala Civil ha resuelto por unanimidad que el pazo y sus fincas son propiedad del Estado, pero también que los herederos del dictador tienen derecho a ser compensados económicamente por las obras y el mantenimiento realizado en el inmueble porque, según los jueces, la familia no ocupó la propiedad de “mala fe”. El Supremo no cifra el importe de esa indemnización, pero sí establece que debe cubrir solo “los gastos necesarios y útiles” acometidos desde la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975, una cantidad que sus nietos han cifrado en 800.000 euros. Ahora será un juzgado de A Coruña el que, en el trámite de ejecución de la sentencia, tendrá que acordar el valor de la compensación.

La sentencia del Supremo confirma la dictada en febrero de 2021 por la Audiencia Provincial de A Coruña, que ratificó la titularidad pública del pazo reconocida por un juzgado de primera instancia, pero, en contra de lo dictaminado por este, instó al Ejecutivo a compensar a económicamente a la familia del dictador. Ese es el fallo que ha confirmado ahora el alto tribunal, que ha rechazado tanto los recursos presentados por la Abogacía del Estado (al que se habían adherido la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento y la Diputación de A Coruña y el Concello de Sada), como los registrados por los nietos del dictador, los hermanos Martínez Bordiú-Franco.

El pronunciamiento del alto tribunal era el paso que esperaba el Gobierno para que la propiedad estatal fuera definitiva y el pazo pudiera ser rehabilitado para abrirlo entero al público y ser convertido en Lugar de Memoria. En los recursos interpuestos ante el Supremo por ambas partes ya no se discutía que los títulos jurídicos en los que se había fundado la propiedad de Francisco Franco Bahamonde (una donación en 1938 por la junta de prohombres del régimen en la provincia y la compraventa simulada en 1941 con la que el entonces jefe de Estado inscribió la propiedad a su nombre en el registro y compraventa) eran nulos.

Lo que debía debatir la Sala Civil era si, como reclamaban los herederos, estos tenían derecho a ser considerados propietarios por prescripción adquisitiva o usucapión, es decir, mediante su posesión continuada y pública durante más de 30 años tras la muerte del dictador; y en caso de que los jueces, como ha ocurrido, negaran esta adquisición, si les reconocía el derecho a una indemnización.

Respecto a la primera cuestión, la Sala concluye que desde 1938 el pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, como una dependencia similar al Palacio del Pardo, por lo que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo, hasta la década de 1990, en la que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración. Esta interpretación implica que, cuando se presentó la demanda contra ellos, en julio de 2019, no había transcurrido el plazo legal de 30 años para poder adquirir la propiedad por prescripción.

En cuanto a la compensación económica que reclamaban los herederos, la Sala parte de que en la demanda de la Abogacía del Estado se indicó expresamente que no se discutía que la familia de Franco fuera poseedora de buena fe y que, por tanto, una vez devuelta la posesión del Pazo, debería ser indemnizada en los términos previstos para estos casos en el Código Civil. Lo que, por lo demás, señala el Supremo, era perfectamente “congruente” con lo sostenido en el informe jurídico que se incorporó al informe de la Comisión de Expertos creada por el Parlamento de Galicia para estudiar la viabilidad de la reclamación de la propiedad del pazo, que se pronunció “expresa y taxativamente” en ese sentido.

“Desde el fallecimiento de Franco sus herederos han estado un prolongado periodo de tiempo utilizando el inmueble de forma pública y pacífica, e incluso han sido tratados como poseedores legítimos (aunque no a título de dueños) por la propia administración, sin que antes de la interposición de la demanda mediara ningún requerimiento con valor jurídico para la entrega del pazo”, señala la Sala Civil. Los jueces consideran que si en la demanda se mantuvo de manera “clara y expresa” esta postura, no se puede modificar posteriormente para negar “la buena fe” y el derecho a la indemnización previamente reconocidos, puesto que los herederos contestaron a la demanda confiados en esas afirmaciones y un “improcedente cambio posterior” de las pretensiones de las administraciones les causa “una indefensión constitucionalmente proscrita”.

Tras conocer la decisión del Supremo, el ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que el fallo significa “devolver a lo público lo que público era”. También se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que ha calificado la decisión de los jueces como un “ejercicio de justicia”. Ambos se han pronunciado en actos oficiales que tenían ya fijados, Torres en Madrid y Blanco en Lugo. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado que si de la sentencia del Supremo hay una consecuencia indemnizatoria, “habrá que acatarla”, con independencia de que “guste o no”.

LAURA BALLESTER. LEVANTE EMV

La jueza de la dana, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. En el escrito de 109 folios, que el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha notificado a las partes, la magistrada señala que "la dana no fue un fenómeno meteorológico imprevisto, fue anunciado con días de antelación, y su momento álgido, el día 29 de octubre de 2024, el día en que se perdieron la práctica totalidad de las 230 vidas, algunas fallecerían durante los días posteriores, fue previsto igualmente".

La jueza considera que "la investigación de la negligencia en la gestión de la dana, con el resultado mortal y lesivo objeto de las presentes diligencias, no se puede circunscribir exclusivamente a los dos investigados, a Salomé Pradas Ten, consellera de Justicia e Interior, ni a Emilio Argüeso Torres, secretario autonómico de Emergencias, quienes ocupaban dichos cargos el 29 de octubre de 2024, sino que ha de extenderse de manera inevitable, por la evidente conexidad, a la vista de los indicios, pruebas, competencia y regulación normativa en materia de protección civil, así como a la inactividad negligente de quien fuera president de la Generalitat y actualmente sigue ostentando la condición de diputado de las Corts y en consecuencia aforado: Carlos Mazón Guixot".

Sobre él, la jueza de la dana señala que "la posición de garante del president, se produce en una alternancia fundamentalmente de actuaciones omisivas, aunque algunas de carácter positivo. La negligencia se prolongó durante largas horas, los fallecimientos se iban sucediendo de manera imparable, sin que se tomaran decisiones básicas, con una falta de coordinación en la Administración Autonómica presidida por el señor Mazón, lo que exige que la investigación se extienda a dicho aforado".

Para la magistrada de Catarrroja, "la cadena de negligencias se produjo de forma sucesiva y en la misma intervendrían presuntamente el secretario autonómico de Emergencias, la consellera de Justicia e Interior y el presidente de la Generalitat". Los tres unidos por "el punto de unión de los eslabones, el engarce, [que] lo constituía el pase de una situación de emergencia a otra y derivaría en una responsabilidad compartida, entre el escalón superior e inferior".

Aunque, al mismo tiempo, "la estructura jerárquica implicaría que el superior podía y debía supervisar y controlar lo que hacía el inferior, y en el caso del presidente de la Generalitat, dicha responsabilidad se configura en un plano de mayor gravedad por las funciones y responsabilidad que la ley le atribuye, y el conocimiento que tenía del grave riesgo mortal".

La jueza de la dana reitera, además, como han dictado tanto la sección segunda de la Audiencia de València como el Tribunal Supremo en sus resoluciones sobre la dana, que era la Generalitat la competente en materia de Protección Civil y Emergencias. Por ello, señala la magistrada: "La gravedad de la negligencia, la omisión de la obligación de coordinar las diversas entes de la administración autonómica en una emergencia que siempre estuvo bajo la competencia de la administración autonómica se derivaba de diversas fuentes de conocimiento que obligaban al presidente [de la Generalitat Carlos Mazón] a actuar y que convierten su permanencia, absolutamente pasiva, durante cerca de cinco horas en el reservado de un restaurante probarían una presunta grosera negligencia con una grave resultado mortal, 230 fallecidos, a los que han de sumarse los lesionados".

Otro de los indicios que la instructora alega para solicitar la investigación de Mazón es "la eventual participación del señor president de la Generalitat en el proceso de decisión en el envío del sistema Es Alert". Una teoría que basa en "un triple motivo" alrededor de los mensajes enviados por el jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, a la entonces consellera Salomé Pradas, durante la tarde de la emergencia y en los momentos previos a los envíos de los dos Es Alert que la magistrada considera "tardíos y erróneos".

El primer motivo sería "la condición del señor Cuenca, secretario autonómico, jefe de gabinete del señor Mazón convierte los mensajes no en meras opiniones, o en consejos, sino en órdenes". Y añade, como segundo motivo, que "especialmente relacionado con lo anterior está la estrecha relación personal que une al señor Mazón con el señor Cuenca, como puso de manifiesto en su declaración, actualmente ostentaría la condición de asesor de la oficina del expresidente de la Generalitat". Y, en tercer lugar, "la expresión “De confinar nada, Salo”, posee un carácter claramente imperativo. Rechaza frontalmente esa parte del contenido del mensaje", señala la magistrada, en referencia a la redacción del primer Es Alert, el de las 20.11, cuyo texto se debatió desde las 17.15 horas hasta que se envió.

La magistrada también destaca en la exposición razonada otros "elementos de la negligencia" cometida por los responsables autonómicos en la gestión de la emergencia del 29 de octubre. El principal, la "convocatoria con retraso del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia9, algo obvio y que muestra la pasividad en la toma de decisiones, así como la falta de coordinación". Respecto a Mazón, aunque no era miembro nato del Cecopi, la magistrada señala "la falta de instrucciones, lo que es concordante con la minimización de los riesgos por parte del señor Mazón, lo que se desprende no solo de las manifestaciones, sino del mantenimiento de una comida que se prolongó de una manera injustificada si atendemos a la gravedad de la situación".

Otro elemento de la negligencia, a juicio de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, es el "retraso del envío de la alerta a la población". "La responsabilidad que se le atribuyó a la consellera, la señora Salomé Pradas, en el retraso en el envío de la alerta a la población, por su eventual efecto incriminatorio, es un hecho del cual se quiso desligar públicamente y desde un principio la señora Pradas tras conocerse que la práctica totalidad de los fallecimientos se había producido con anterioridad al envío del mensaje a las 20.11 horas".

Una alerta que, para la jueza, "en realidad se pudo haber lanzado un mensaje sobre las 17.20 horas con el contenido que expuso el Sr. Jorge Suárez, que hubiera sido plenamente efectivo al objeto de salvar vidas hasta el punto de que aconseja subir a los pisos altos, lo que daba idea de hasta donde podía llegar el agua, cuanto menos dos metros, y que por ende, bajar a los garajes o permanecer en plantas bajas era un riesgo clarísimo que había de excluirse".

"Se esperó hasta casi tres horas -alega la magistrada-, desde que se habló en el Cecopi del envío del mensaje hasta que se materializó. Como posteriormente analizaremos cualquier retraso en la dirección de una emergencia como la que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024 implicaba el aumento de la mortalidad".

Por último, sobre la responsabilidad penal del presidente de la Generalitat Valenciana durante la dana, la magistrada destaca que "la afirmación de que el president podía permanecer ajeno, no tomar ninguna decisión, no coordinar, diferirlo todo a la conselleria encargada de la emergencia o los técnicos encargados de la misma, no manifestar la pertinencia sobre el envío de mensajes de alerta a la población, ya fuera a través del Es Alert o de otros medios, no controlar la adopción de decisiones, permanecer aislado durante un fenómeno meteorológico de la gravedad que se anunciaba, carece de sustento no solo lógico, sino legal". Hasta la ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias le da la potestad de declarar la situación de emergencia catastrófica.

Pero la actitud de Mazón el día de la emergencia le perjudica, por acción u omisión, a juicio de la jueza de la dana. "La mayor parte de la provincia de Valencia se encontraba en una situación de emergencia el 29 de octubre de 2024, y la gravedad de esta iba in crescendo". El hecho de que Mazón se desentendiera "afianza la concurrencia de un elemento negligente en la omisión". "Una cuestión -razona la magistrada- de mera lógica y justicia: no puede situarse en una situación peor al que no actúa, en ningún modo no acude ni participa en el centro de decisión, pudiendo hacerlo normativamente, frente al que interviene [Salomé Pradas]".

De ahí que, "si su presencia era innecesaria, si era una cuestión exclusivamente de los técnicos, si no debía de tomar ninguna decisión, no hubiera sido preciso su presencia en el Cecopi en ningún momento, ni antes ni después del envío de la alerta, ni enfundarse en un chaleco de emergencias, como parte de un operativo destinado a proteger a la población, ni intervenir en unas declaraciones públicas que se efectuaron durante el envío del segundo mensaje" Es Alert.

Por tanto la magistrada considerra que "la negligencia que desplegó el president de la Generalitat se desplegó en diversos planos". De una parte, por la "minimización pública e ilógica de la gravedad de la emergencia (...) en la comparecencia pública que tuvo lugar a las [12 horas] en esa comparecencia afirmó que la borrasca se desviaba a la Serranía a Cuenca o que se habían producido el fallecimiento de unas cabras. En la hora que se produjeron dichas declaraciones ya había constancia de un desaparecido y la situación en Utiel era una población completamente anegada por el agua". Y de otra parte, "la situación de ajenidad del momento en el que el señor Carlos Mazón entra a comer sobre las 14.30 horas hasta las 20.28 horas, hora en que llegó a la sede del Cecopi en l'Eliana".

Mazón protagonizó una larga sobremesa en la que "las comunicaciones con la consellera Salomé Pradas fueron sorprendentemente exiguas en cuanto a su duración y se produjeron en un espacio, el reservado de un restaurante, que difícilmente puede estimarse el lugar donde se pueden dar órdenes, instrucciones, manejar información, recibir asesoramiento o apoyo técnico. El reservado de un restaurante no es ni la sede de un despacho oficial ni un lugar de gestión de una emergencia", asegura la magistrada sobre las circunstancias en las que el presidente de la Generalitat fue informado sobre la evolución de la emergencia.

Una larga sobremesa en la que Mazón "permaneció acompañado de una periodista la señora Vilaplana quien manifestó que no vio preocupado al señor Mazón, lo que ciertamente es concordante con la prolongación injustificada de la sobremesa en dicho restaurante". Una testigo que, recuerda la jueza, "declaró que no llegó a oír las conversaciones, ni los comentarios que pudieron producirse a raíz de las comunicaciones telefónicas, lo que es ciertamente difícil. A no ser, que pretendiera excluir del conocimiento de lo que sucedía en el exterior a dicha periodista. Algo también complejo, dado que la periodista había recibido un vídeo sobre la situación en Utiel, y pretendiera minimizar una situación grave como medio de normalizar la permanencia en el reservado".

Dieciséis meses de instrucción

La decisión de solicitar la investigación de Carlos Mazón se adopta dieciséis meses después de las inundaciones que acabaron con la vida de 230 personas. Y un año después de que se rechazaran las querellas y demandas presentadas contra el presidente de la Generalitat Carlos Mazón descartada por el mismo TSJCV para que la investigación de la gestión de la dana se investigara en el juzgado de instrucción que correspondiera para centralizar la investigación. Una decisión que se adoptó en diciembre de 2024 por la Fiscalía Superior y la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En apenas un año, la causa de la dana cerró 2025 estrechando el cerco sobre el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y desmontando la guerra de relatos que desde la Generalitat se intentó imponer.

La causa de la dana ha cumplido dieciséis meses de instrucción. Un total de 21 juzgados de 13 partidos judiciales abrieron diligencias el mismo día 29 o a partir del 30 de octubre de 2024 por la desaparición de personas o la aparición de los primeros cuerpos. Una instrucción que cogió velocidad de crucero y un ritmo trepidante desde febrero de 2025, cuando la investigación se centralizó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, que ahora se denomina Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. Una causa que ya investiga la muerte de 230 personas como homicidios imprudentes y tiene otro fallecimiento, posterior al día de la dana, en estudio, a petición de una familia.

Prórroga de la instrucción hasta abril

La magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja acordó el pasado 17 de septiembre prorrogar seis meses la instrucción de la causa, que comenzaron a contar a desde el 30 de octubre de 2025 y finalizarán en abril. Aunque las prórrogas judiciales, ampliadas de seis en seis meses, no están limitadas. Una instrucción puede extenderse el tiempo que se considere necesario por el magistrado instructor.

J.J. GALVEZ. OSCAR LOPEZ-FONSECA

EL PAIS. 22 DE FEBRERO DE 2026

A las 18.29 del pasado martes 17 de febrero, varios periodistas recibieron por WhatsApp un comunicado de apenas 357 palabras que iba a desatar una gigantesca crisis institucional a una velocidad de infarto. Se titulaba así: El director adjunto operativo de la Policía Nacional investigado por agresión sexual. En escasos cuatro párrafos, el abogado Jorge Piedrafita explicaba que un juzgado de Violencia contra la Mujer de Madrid había admitido a trámite una querella por violación contra el comisario José Ángel González, alias Jota, máximo jefe del cuerpo y con mando sobre sus cerca de 75.000 agentes. La noticia es una bomba. Y, en unos minutos y tras contrastarla, medios como EL PAÍS comienzan a ofrecer los primeros detalles de la denuncia presentada por una inspectora contra su superior. Habla de “penetración” no consentida, de “mensajes intimidatorios”, de “abuso de superioridad”, de “coacciones” para “comprar su silencio”... A las 20.30, solo dos horas después de difundirse la nota del letrado, González dimitía.

Sin embargo, la salida del director adjunto operativo (DAO) no cierra la enorme herida abierta en el seno de la Policía Nacional, que se coloca ahora en el epicentro de dos investigaciones: una judicial, encabezada por el magistrado David Maman Benchimol; y otra interna, impulsada por el Ministerio del Interior. Ambas tratarán de reconstruir todo lo ocurrido entre el 23 de abril de 2025, cuando la agente asegura que González, de 66 años, la violó en el domicilio oficial donde residía; y el pasado martes, cuando la denuncia se hizo pública. También, si alguien más conocía el caso y trató de encubrirlo o presionar a una mujer que vive “aterrada” y “encerrada” desde hace meses, según su abogado, y desde el jueves, con escolta. Una historia que ya deja varios capítulos.

La acusación de agresión sexual. La querella cuenta que la agente, de 49 años, se encontraba trabajando el 23 de abril del pasado año en la comisaría de Coslada (Madrid) cuando, sobre las 14.15, empezó a recibir “múltiples” llamadas de teléfono del DAO para requerirle que se presentara ante él de forma “inmediata” —ambos habían mantenido una relación durante un tiempo, según la denuncia y según aseveran varias fuentes, a la que ella asegura que le había puesto fin—. La inspectora dice que se negó y que alegó que estaba de servicio. Pero entonces, según su versión, él dio la orden para que fuera a bordo de un vehículo policial sin distintivos (los conocidos como K o camuflados) hasta el restaurante donde estaba comiendo con su mano derecha, el también comisario Óscar San Juan, para recogerlo y llevarlo hasta su domicilio oficial.

La querella, precisamente, sitúa allí la presunta agresión sexual. Con numerosos detalles, narra que el director adjunto “doblegó la voluntad de la víctima” para que subieran juntos a la vivienda, pese a que la mujer se negaba de “forma expresa y reiterada”. Una vez arriba, él “sirvió dos copas” e “inició un acercamiento físico de naturaleza sexual” que ella también “rechazó”. Sin embargo, según prosigue, González se aprovechó de su “superioridad física y autoridad” para toquetearla e, incluso, penetrarla con los dedos. “¡Oye, que soy el DAO!”, le llegó a espetar para presionarla, según incide la querella. Hasta que la mujer logró “zafarse” y abandonó el edificio.

El abogado Piedrafita, que ha asumido la defensa de la víctima y se ha erigido como su portavoz ante la prensa, asevera que todo ese episodio fue captado en un audio (de 40 minutos) por ella. Y, según apostilló, el juzgado ya le ha requerido la grabación e iba a entregarla este viernes.

Los contactos posteriores. La inspectora, que afirma que sufrió una crisis de ansiedad al llegar a su casa (con “temblores”, “hiperventilación”, “llanto incontrolado”, “sensación de irrealidad”...), asegura que el DAO comenzó a telefonearla esa misma noche. Según la denuncia, a partir de las 20.43, le hizo 17 llamadas en un “breve” lapso de tiempo; y, como no contestaba, pasó a mensajearla. “Estás gilipollas”, “borrica”, le escribió.

Esos intentos de contacto se suceden presuntamente durante los días y meses posteriores. Ya no solo usa su teléfono para intentar hablar con ella, sino también los de sus despachos oficiales, según la querella, que pone a disposición del juez los registros de llamadas. Finalmente, ella apunta que el 22 de mayo accede a hablar con él y que ya tenía intención de denunciarle, a lo que González le responde con “amenazas veladas” de carácter laboral. Su defensa aclara que la agente acude el 2 de junio a un punto violeta (lugar de atención a víctimas de violencia machista y agresiones sexuales) de un municipio de la Comunidad de Madrid para recibir asesoramiento, donde le asisten psicólogas.

“Comprar su silencio”. El 2 de julio, la Secretaría de Estado de Seguridad publica en el BOE el ascenso de la agente a inspectora, y ella busca nuevo destino. Según reseña, es entonces cuando recibe diversas llamadas de la mano derecha del DAO, a las que no responde. El 13 de julio, habla finalmente con el comisario San Juan, y dice que este intentó “comprar su silencio”. Según la querella, le invitó “textualmente” a que eligiese a “qué destino o puesto de trabajo” quería ir y que, “cuando lo tuviese pensado, se lo mandase por WhatsApp”. Ella mantiene que le respondió: “Tú me llamas porque él te ha dicho que me llames”. El abogado Piedrafita ha indicado que esa conversación también está grabada en audio.

La crisis psicológica. Fuentes de la Policía Nacional detallan que la agente obtiene destino en la Subdirección de Recursos Humanos y Formación, emplazada en el número 5 de la madrileña Calle Miguel Ángel, sede de la Dirección General de la Policía. Al frente de ese área está la comisaria Gemma Barroso, y comparte edificio con la Dirección Adjunta Operativa, que González dirige. De hecho, estas fuentes precisan que Barroso y González tienen despacho en la misma planta (la segunda); y que la inspectora iba a desempeñar su labor en la tercera.

El abogado Jorge Piedrafita expone que, en principio, le tocó ese puesto “por méritos” y “aritmética”, aunque desliza: “Pero igual el DAO la quería tener controlada”. Por su parte, fuentes conocedoras de la investigación interna de la Policía Nacional aseguran que, hasta el momento, no se ha detectado “ningún tipo de intermediación” que suponga que la agente fue destinada allí de manera irregular.

Solo unos días después, todo estalla. Según la querella, el 24 de julio, el día que se incorpora al trabajo y mientras se encontraba en el despacho de Gemma Barroso, la agente recibe una llamada de teléfono del despacho del director adjunto operativo. Ella sostiene que no responde, pero entra en una fuerte crisis emocional y comunica a su jefa que no se encuentra “en condiciones de trabajar por salud mental”. Fuentes de la Policía y su propio letrado reiteran que todavía no cuenta la presunta agresión sexual a sus superiores. Le dan la baja médica el día 28 de ese mismo mes.

Presentación de la querella. La mujer denunciará cinco meses después. Según especifica su abogado, trabajaron con el máximo “sigilo” y siempre “fuera de los cauces policiales”, para poder acudir “directamente” a los tribunales y que el caso llegara a la mesa del juez “sin ninguna interferencia policial”. Piedrafita firmó la querella el 9 de enero. Cinco días después se asignó al juzgado de Violencia sobre la mujer encabezado por el magistrado David Maman Benchimol. Este la admitió a trámite el 12 de febrero —al apreciar “características que hacen presumir la posible existencia de delito/s [sic]”— y abrió así una investigación contra el comisario González, al que ha llamado a declarar como imputado el 17 de marzo.

El letrado de la denunciante también solicitó que se interrogue como testigo a Óscar San Juan (a quien Interior ha apartado de sus responsabilidades) y que la Guardia Civil compruebe la veracidad de los audios y mensajes que se aporten, aunque el magistrado aún no se ha pronunciado sobre ello.

Comunicación a los superiores. Ya en la tarde del pasado martes 17 de febrero, cuando ya se había admitido a trámite la querella, la inspectora pidió hablar con Gemma Barroso para contarle lo ocurrido. “Ella la atendió con enorme empatía y tacto. Se quedó de piedra ante unos hechos tan graves, ante los que le dijo que evidentemente tenía que denunciar y seguir hacia adelante”, ha aclarado su abogado. Fuentes del Ministerio añaden que sobre las 18.00, la comisaria informa en persona al director general de la Policía, Francisco Pardo, que traslada los hechos a su vez al ministro Fernando Grande-Marlaska. A las 18.29, Piedrafita envía su comunicado a los periodistas y, en solo unos minutos, la noticia corre como la pólvora.

Fuentes de la cúpula de Interior reiteran que hasta ese momento no sabían nada de la supuesta agresión sexual, ni de la presentación de la querella. A las 19.50, un portavoz de la Policía Nacional contestaba a EL PAÍS que desconocían la denuncia y su contenido. En unas declaraciones a la prensa, el DAO asegura que se enteró por los medios de comunicación.

La dimisión. En medio de una enorme presión, el director adjunto operativo comunica su dimisión, adelantada por la Cadena SER sobre las 20.30. Fuentes del Ejecutivo recalcan que ya le habían enseñado la puerta: o se iba por su propia voluntad o le cesaban. González formaliza su salida sobre las 21.30, cuando firma su renuncia: “Para poder ejercer mi legítimo derecho de defensa y para salvaguardar el honor y la imagen de la Policía Nacional”.

Pero, para entonces, el escándalo ya es imparable. El sindicato mayoritario entre los agentes, Justicia Policial (Jupol), reclama la dimisión del ministro del Interior. La oposición se suma y eleva las arremetidas: el PP acusa sin pruebas a Grande-Marlaska de haber “tapado y protegido” a José Ángel González. La consternación se extiende rápidamente como una mancha de aceite y Francisco Pardo, tras llevar el cese del DAO al ministro para su firma, se reúne el miércoles en el complejo policial de Canillas (Madrid) con la cúpula del Cuerpo, a la que trata de animar. Según fuentes presentes en esa cita, además de informarles de la querella, les dice que hay que seguir adelante y que, por encima de cualquiera, está la Policía. La comisaria Gemma Barroso, número dos en el organigrama al ser la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, asume el cargo de DAO de forma interina.

Varios mandos reconocen que están devastados y en shock. “Qué imagen está quedando de la Policía”, se lamenta uno de ellos en conversación con EL PAÍS. El Cuerpo lleva años tratando de recuperarse de la etapa del comisario Eugenio Pino, que ocupó el cargo de director adjunto operativo durante los Gobiernos de Mariano Rajoy (desde 2012 hasta 2016, cuando se jubiló), etapa en la que se gestó la llamada policía patriótica y se ejecutaron operaciones para perjudicar a adversarios políticos del PP. Pino ya ha sido condenado a un año de cárcel por maniobrar contra la familia Pujol; y, a partir de abril, se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional para ser juzgado por el caso Kitchen, la trama para espiar y robar documentación al extesorero popular Luis Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción pide que se le condene a otros 15 años de prisión.

Las últimas imágenes del comisario José Ángel González, un hombre muy cercano a Marlaska (le reportaba directamente, según fuentes policiales) y que fue la imagen de la Policía Nacional en las ruedas de prensa diarias durante el confinamiento por la pandemia, son ahora las de un hombre que huye de las cámaras de televisión que se han apostado frente a su casa. “No voy a hacer declaraciones”, repetía a una nube de micrófonos. Ante el juez tendrá oportunidad de declarar.